martes, 21 de febrero de 2017

IAJD - Impuesto de Actos Jurídicos Documentados

El comienzo de este año ha estado marcado en gran medida por la resolución a favor de la devolución de las famosas clausulas suelo, y tal vez en menor medida, aunque con una mayor incidencia por la posible obligación de los bancos de asumir los gastos derivados de la formalización de la hipoteca.

Recordemos que el Tribunal Supremo en una sentencia de Diciembre de 2015 indicaba que los bancos deben hacerse cargo, al menos en parte, de los gastos derivados de la formalización del préstamo hipotecario. Y precisamente uno de los gastos principales es el famoso IAJD por lo que será interesante echarle un vistazo.

¿Qué es el IAJD?

El IAJD es un impuesto que grava a todos los actos jurídicos documentados, como pueden ser las escrituras, actas y testimonios notariales. El impuesto se divide en una parte fija, que asume el coste del timbrado del papel, y una parte variable que afecta a los bienes inscritos en los Registros de la Propiedad, Mercantil o Industrial (Patentes y marcas) y de Bienes Muebles.


La parte fija suele ser irrelevante, es la parte variable la que cobra una especial importancia debido a su importe, y son precisamente las Comunidades Autónomas las que determinan su importe. Actualmente este valor oscila entre el 0,5% y el 1,5% según la Comunidad en cuestión. En la siguiente tabla puedes ver los valores relativos al tipo general para cada Comunidad.

IAJD por Comunidades Autónomas

A modo de ejemplo para un préstamo hipotecario que asciendiése a 200.000€ el IAJD oscilaría entre 1000€ y 3000€. Como podéis ver se trata de una cantidad nada desdeñable que habremos pagado al formalizar la hipoteca, junto con otros gastos como la tasación, gastos notariales, etc.

Precisamente estos día la Organización de Consumidores y Usuarios está llevando a cabo una campaña de información para reclamar este importe cobrado indebidamente por las entidades bancarias. La OCU considera que esta solicitud no debería prescribir, y en cualquier caso se dispondría de cuatro años desde la sentencia de diciembre de 2015.